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En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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Andalucía regula y clarifica la situación de las edificaciones en suelo no urbanizable

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.

El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).

Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.

El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de ‘asimiladas a fuera de ordenación’, que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.

Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
Fuente: Consejo de Gobierno.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Dicha habilitación tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar la introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la realización de un texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. Efectivamente, la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejan la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público.

Se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto se enlaza a continuación.

Acceso al Texto Refundido

Reguladas las condiciones adm. y téc. para la conexión de instalaciones pequeña potencia.

El Consejo de Ministros de 18 de noviembre ha aprobado un Real Decreto que regula las condiciones administrativas y técnicas básicas para la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia. La nueva normativa, que traspone a la legislación española parte de la Directiva Europea de Energías Renovables, se suma a la ya existente en este capítulo y tiene como finalidad simplificar la tramitación exigida para acelerar la entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de pequeño tamaño.

La norma permitirá el acceso de las viviendas y pequeños comercios a la generación eléctrica a pequeña escala para, una vez que se establezca la regulación de balance neto en el que se está trabajando, se pueda autoconsumir la energía producida.

Este procedimiento para el suministro en la modalidad de balance neto será aprobado en los próximos meses, tal y como establece el R. D. aprobado.

La norma facilitará el desarrollo de energías renovables en viviendas y PYMEs. Se complementará con la normativa de balance neto, en fase de elaboración, que regulará el autoconsumo.

La paulatina entrada en el sistema eléctrico español de este tipo de pequeñas plantas generadoras de electricidad promoverá una generación cada vez más distribuida, modificando el actual modelo centralizado de grandes instalaciones eléctricas con numerosas ventajas para el sistema y para el propio consumidor. Respecto al sistema eléctrico, el sistema de generación eléctrica distribuida supondrá menores pérdidas de energía en las redes y la reducción de inversiones económicas en transporte y distribución, además de un ahorro de energía primaria; y para los consumidores, la mejora de la autonomía energética y de la seguridad de suministro.

El Real Decreto aprobado establece el procedimiento a seguir para la tramitación por parte del titular de la instalación o, en su caso, el que pretenda adquirir esta condición, de la solicitud de acceso y conexión a la red. Asimismo, se regula un procedimiento abreviado para las instalaciones de potencia no superior a 10 kW que pretendan conectarse en la red de distribución en baja tensión.

Relaciones entre el pequeño productor y la empresa distribuidora

El Real Decreto detalla todos los aspectos que puedan surgir en la relación entre el generador de energía mediante una pequeña instalación y el distribuidor. Entre ellas, estipula la fijación del procedimiento de medida y facturación para permitir y garantizar la correcta medida y facturación de la energía producida.

Determina también las condiciones técnicas de acceso y conexión que deberán ser notificadas por la empresa distribuidora en determinado plazo, y las condiciones económicas de la conexión, especificando en qué casos el coste será a cargo del titular de la instalación de generación.

En la nueva normativa se describen los aspectos relativos a la elaboración del contrato y a las obligaciones de suscripción por parte de la empresa distribuidora, y se detallan las obligaciones del titular de la instalación, responsable de mantener la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento.

El Real Decreto aclara, además, que como paso previo a efectuar la conexión a la red, es necesario emitir un boletín de las características principales de la instalación y de superación de las pruebas de la instalación. Asimismo se recogen los tipos de protecciones con los que deberá contar la instalación, las condiciones en las que se efectuará la puesta a tierra de la instalación conectada, y lo relativo a armónicos y compatibilidad electromagnética y garantía de seguridad en trabajos de la red de distribución.

Finalmente, se llevan a cabo otras modificaciones reglamentarias al objeto de optimizar los flujos de información entre los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la Comisión Nacional de la Energía, para, de esta forma, mejorar el servicio prestado a los administrados. (Fuente: Consejo de Ministros).

Instalación particular generación ACS.

 

Decreto 67/2011, que regula el control de calidad de la construcción y obra pública en Andalucía.

El 19 de abril de este 2011, se publicó mediante BOJA el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública.

El Decreto incluye los nuevos requisitos para el control de calidad de la construcción y obra pública.

Incide en lo ya estipulado por el Real Decreto 314/2006 (el CTE) en su artículo 6 y en el Anejo con la inclusión del Plan de Control de Calidad en el proyecto:

Artículo 1: (…) En todas las obras de construcción que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará el plan de control de calidad que, en aplicación de la normativa básica de obligado cumplimiento, en cada caso, resulte pertinente para comprobar su calidad.

En las obras de construcción de iniciativa pública que lleven a cabo las distintas Consejerías y entidades instrumentales de laAdministraciónde la Junta de Andalucía o que se realicen en todo o en parte con financiación directa o indirecta de la misma se realizarán, además, los ensayos, análisis, e informes de los productos y unidades de obra que se determinen en la presente norma así como en las disposiciones que se dicten en desarrollo y ejecución del presente Decreto.

En el artículo 3, se establecen las acciones a desarrollas por la dirección facultativa:

Artículo 3: (…) La dirección facultativa comprobará que los productos, equipos y sistemas corresponden a los especificados en el proyecto, disponen de la documentación exigida, cumplen las características técnicas exigibles en el proyecto, y han sido sometidos a los ensayos y pruebas previstos en el proyecto u ordenados por la dirección de la obra.

Durante la construcción, la dirección facultativa competente controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, y realizará las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

La novedad viene en el artículo destinado a la obra pública:

Artículo 6: En la obra pública, los ensayos y las verificaciones requeridas se realizarán por laboratorios de ensayos y por entidades de control, legalmente establecidos, que acrediten su capacidad técnica para la prestación de asistencia técnica en la obra, en las condiciones que sean fijadas por el órgano de contratación.

Diferencia por tanto obra pública con el resto de obras de construcción, especificando que en las primeras, los ensayos serán realizados por laboratorios y entidades. No ahonda más, pero si las normativas existentes ya obligan a que los  productos de construcción vengan certificados por entidades o sellos de calidad reconocidos (ver la Directiva 89/106/CEE), los ensayos a los que se refiere este artículo, deben ser los de puesta en servicio de la unidad de obra, léase funcionamiento del saneamiento, estanqueidad de cubiertas y fachadas,…

Estos ensayos deberán incorporarse a la documentación de control, junto con el resto de la que documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. Esto supone que deberá quedar incluido en el Plan de Control de Calidad, y que, en el momento de elaborar el Presupuesto (en Mediciones), deberán incluirse los ensayos y especificarse que se realizarán por laboratorios de ensayos o entidades de control legalmente establecidos.

Probetas de hormigón.

Ver la disposición:

Decreto 67/2011 Andalucía

 

 

 

 

 

Aprobada la reglamentación técnica relativa a Estructuras de Acero.

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, la Instrucción de Acero Estructural aplicable a las estructuras de ingeniería civil y de edificación.

Esta reglamentación técnica tiene como finalidad establecer los requisitos que deben cumplir las estructuras construidas en acero, con especial consideración en los factores relativos a la seguridad (resistencia mecánica, estabilidad etcétera, así como determinar las exigencias para su cumplimiento.

De esta forma, la norma aporta el procedimiento para cumplir las exigencias y requisitos establecidos, e incorpora los criterios de seguridad imperantes en el marco europeo relativos al proyecto de estructuras de acero, para lo que se adopta el formato de seguridad de las normas europeas denominadas “eurocódigos estructurales”.

Novedades normativas

Hasta ahora la norma vigente se limitaba al ámbito de la edificación (Documento Básico DB SE-A Acero del Código Técnico de la Edificación). Con el Real Decreto aprobado hoy se amplía su aplicación a la ingeniería civil, en la que se incluyen las infraestructuras del transporte.

Además, la Instrucción incorpora las últimas novedades técnicas que se han producido en este ámbito en la normativa técnica europea y equipara, a efectos reglamentarios, el hormigón y el acero en la construcción de estructuras. (Fuente: Consejo de Ministros).

 

Aprobado el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

El nuevo reglamento sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones favorecerá la introducción en los edificios de nueva construcción de las redes de acceso ultrarrápido, capaces de proporcionar velocidades de más de 100 Mbits por segundo.

El nuevo Reglamento incluye como infraestructura adicional en los edificios la fibra óptica y el cable coaxial, para facilitar que los usuarios puedan contratar los servicios de telefonía, banda ancha y televisión, y favorece la introducción de las funcionalidades del “Hogar Digital” en las viviendas.

Las mejoras en las funcionalidades de estas infraestructuras reactivarán la actividad económica y el empleo al impulsar las inversiones de los operadores en nuevas redes y servicios, y ofrecer nuevas oportunidades a las empresas fabricantes e instaladoras de equipamiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación (telefonía, banda ancha, radio y televisión) en el interior de las edificaciones. El objetivo de este Reglamento es facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción e impulsar, de este modo, su despliegue por parte de los operadores.

Estas infraestructuras suponen la construcción e instalación en los edificios de recintos destinados a albergar los equipamientos de telecomunicaciones, canalizaciones y demás elementos necesarios para los cableados interiores, cableado de las diferentes redes (par de cobre, cable coaxial y fibra óptica), antenas y cableado para la recepción del servicio de radio y televisión. Por su parte, los operadores despliegan sus redes desde la entrada del edificio y llegan hasta los recintos destinados al equipamiento donde se produce la interconexión con las redes de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Principales novedades

El Reglamento aprobado hoy por Real Decreto actualiza el anterior de 2003 para incluir la fibra óptica, además del cable coaxial y el tradicional par de cobre, entre las redes de acceso a los edificios, en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea. Además, actualiza la normativa técnica sobre radio y televisión para adecuarla al escenario de la TDT. Esta nueva normativa afecta a todo tipo de viviendas, tanto libres como de protección oficial.

El nuevo Reglamento introduce los elementos necesarios para que este tipo de infraestructuras puedan ser diseñadas, de tal forma que resulte sencilla su evolución y adaptación al concepto de “Hogar Digital” y a la obtención de los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia energética, accesibilidad, etcétera. La adaptación a los estándares de Hogar Digital es voluntaria por parte del promotor.

En este sentido, el Reglamento incluye la forma de clasificar las viviendas, en función de las funcionalidades y dispositivos de Hogar Digital que incorporan. De esta forma, se ofrece un marco de referencia, basado en parámetros totalmente objetivos, que permitirá a los promotores y a las Administraciones públicas evaluar las edificaciones, mientras que los compradores finales de viviendas contarán con una información contrastable en esta materia.

Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones nacen en el marco del proceso de liberalización del sector. Así, el Reglamento aprobado hoy facilita el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier operador de telecomunicaciones que preste servicio en la zona y asegura la competencia efectiva entre operadores al proporcionar igualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.

Impacto económico 

Para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios (televisión de Alta Definición, Internet ultrarrápido, videollamadas de Alta Definición, televisión en 3D, Teletrabajo, Teleasistencia, etcétera, los operadores de telecomunicaciones están iniciando el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso rápido y ultrarrápido a Internet, y fomentando el despliegue de las redes NGA (Next Generation Access), capaces de proporcionar velocidades superiores a los 100 Mbits por segundo, muy por encima de las proporcionadas por las redes actuales.

(Fuente: Consejo de Ministros).