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Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que destinará una dotación estimada de 529,2 millones de euros hasta 2020.

El plan ha sido definido en el seno de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, regulada por el Título II del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Según cita textualmente el Acuerdo: “Este Plan tiene como objetivo la generación de empleo y el desarrollo sólido de las empresas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios en Andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra Comunidad y reduciendo el impacto ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea”.

Las posibilidades de implementación son muy amplias. Solo en el ámbito residencial, Andalucía tiene un millón de edificios construidos antes de 1980, o lo que es lo mismo, anteriores a la NBE-CT-79, Norma Básica de la Edificación de Condiciones Térmicas, de obligado cumplimiento a partir de 1979, y que estuvo en vigor hasta el año 2006.

Anterior a esta se aplicó durante un breve espacio de tiempo el Real Decreto 1490/1975, adoptado principalmente como medida frente a los problemas derivados del encarecimiento del combustible tras la crisis del año 1973. Hasta esa fecha, solo las viviendas acogidas a algún tipo de protección oficial, debían tener en cuenta unas normas muy populares entre los técnicos, las Normas Técnicas de la Edificación, NTE, que se fueron publicando hasta 1975.

Por contra, solo unos 90 mil han sido construidos a partir del 2006, supuestamente dentro del CTE, o así lo cuenta el Plan. Yo dudo de esa cantidad, por la simple razón de que la vigencia del CTE eximía a los Proyectos Básicos de los Edificios que fueron visados con anterioridad a la entrada en vigor, por lo que durante los años siguiente 2007, 2008, y puede que hasta 2009, se siguieron haciendo obras fuera del alcance del CTE.

Aunque el porcentaje de obras relacionadas con la rehabilitación de edificios ha aumentado desde el 2011 (no así en números absolutos), el porcentaje en Andalucía es 6 puntos inferior al del cómputo nacional, lo que indica aún un margen de mejora.

Los objetivos, líneas de actuación y medidas contempladas en este Plan requieren que, para su desarrollo, se establezca un conjunto de instrumentos de planificación y programación sectoriales que los desarrollen de manera coherente.

Para su puesta en funcionamiento, todavía se deben establecer una justificación de cómo instrumentan sus contenidos, así como el marco de recursos financieros que se ponen a disposición de su desarrollo. Esto quiere decir que habrá que estar alerta de cómo se va desarrollando el Plan y de las posibilidades que se vayan presentando, tanto para las empresas, los particulares, como para los profesionales.

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Málaga Amianto Cero reedita la guía básica del amianto

Tal y como recoge la revista digital El Observador, la plataforma Málaga Amianto Cero reedita la guía básica de la uralita, un material cancerígeno, publicada por los ecologistas Paco Puche y Paco Báez.

Es éste un tema muy importante que sobrepasa lo meramente constructiva con consecuencias gravísimas para la salud pública. En éste mismo sitio ya dedicamos en el 2009 un artículo sobre el amianto (enlace).

Por su trascendencia, dejamos aquí enlaces tanto a la guía como a la reseña en El Observador.

El riesgo no solo procede de su presencia en la vía pública. Infinidad de edificios conservan sus cubriciones antiguas de de materiales procedentes del amianto. Es por ello por lo que muchas comunidades han decidido retirar sus cubiertas de fibrocemento por unas nuevas. Estas intervenciones deben realizarse por empresas especializadas y técnicos con experiencia o conocimientos en la materia.

Intervención en cubierta

La fotografía adjunta es un ejemplo de una de las intervenciones que realizamos dentro del Plan de Rehabilitación Integral de Edificios de la Junta de Andalucía, donde se aprecia el antes y después de una sustitución de la chapa de cubrición, deonde además se cambió la tipología de la cubierta, pasando de inclinada a plana no transitable.

En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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El término Cradle to Cradle (C2C).

El término Cradle to Cradle (C2C) literalmente significa “de la cuna a la cuna” y hace mención a un concepto ecológico donde la reducción pasa a un segundo plano y lo importante es la reutilización. En el C2C, todos los materiales utilizados deberían poder reutilizarse sin deterioro en su calidad. Ahonda en la visión de la construcción como un ciclo cerrado, donde el punto de partida sería un diseño que tuviese en cuenta los materiales utilizados y su proceso constructivo.

El origen del Cradle to Cradle es el libro del mismo título escrito por Michael Braungart y William McDonough.

Pensar en el C2C como la Próxima Revolución Industrial puede que sea algo presuntuoso, pero sí es cierto que asumir que la industria puede ser un aliado, y no un enemigo, como aparece en el concepto tradicional de ecología, es una visión mucho más realista y un paso hacia adelante.

Desde 2005 existe un programa de certificación Cradle to Cradle. El programa proporciona pautas para ayudar a las empresas a implementar el marco de C2C, centrado en el uso de materiales reutilizables.

Para saber más:

http://mbdc.com/

Sistemas voluntarios de Certificación de Sostenibilidad para Edificación.

Los sistemas voluntarios de Certificación se utilizan para acreditar el cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad y eficiencia. Aunque todos tienen la misma finalidad, no todos se rigen por los mismos estándares ni ponderan los aspectos estudiados de la misma manera. Algunos de los más importantes son los siguientes:

LEED.

Método de evaluación estadounidense. LEED es un sistema de evaluación y estándar internacional desarrollado por el US Green Building Council para fomentar el desarrollo de edificaciones basadas en criterios sostenibles y de alta eficiencia. Es la certificación más extendida en el mundo.

Está basado en estándares de construcción norteamericana. Dependiendo de los créditos conseguidos según los criterios de valoración, la certificación final podrá ir desde el Certificado LEED hasta el LEED Platino, pasando por el LEED Bronce, Plata y Oro.

BREEAM.

Método de Evaluación Ambiental del Organismo de Investigación de la Construcción de ran Bretaña (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). BREEAM establece el estándar para las mejores prácticas en el diseño sostenible de edificios, construcción y operación y se ha convertido en una de las medidas más completas y reconocidas de desempeño ambiental de un edificio. Es el sistema de certificación más antiguo.

La certificación se mueve entre el BREEAM Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente y el BREEAM Excepcional.

DGNB.

Sistema de la Asociación Alemana de la Construcción Sostenible. El certificado de clasificación DGNB prima el desempeño edificio entero en lugar de medidas individuales. Apoyado por el Ministerio Alemás de Construcción y Urbanismo.

El grado de rendimiento se mide en porcentajes y en forma de notas. Dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos, se otorgarán los certificados DGNB Oro (80% cumplimiento), Plata (65%) o Bronce (50%).

GBC-VERDE.

La Certificación GBC VERDE reconoce la reducción de impacto medioambiental del edificio que se evalúa comparado con un edificio de referencia. El edificio de referencia es siempre un edificio estándar realizado cumpliendo las exigencias mínimas fijadas por las normas y por la práctica común.

Establece un total de 6 Niveles de Certificación, que van desde el 0 al 5 Hojas VERDE, que permiten reconocer de forma diferenciada los méritos medioambientales de cada uno de los proyectos que solicitan la certificación, en función del impacto ambiental evitado por los edificios.

El World Green Building Council (WorldGBC) tiene su sede en Canadá.

PASSIVHAUS.

Certificación de cumplimiento del Standard Passivhaus, basado en limitaciones de demanda energética, estanqueidad al aire y en una demanda de energía primaria total no superior a los 120 kWh/m2a.

Aunque el término Passivehaus no está protegido, el Passive House Institute tiene un servicio de certificación para acreditar el cumplimiento de los estándares Passive. 

MINERGIE. 

De origen suizo, MINERGIE es una marca de sostenibilidad para los edificios nuevos y renovados.

Otros: 

CASBEE.

Con base en Japón, CASBEE es un sistema estructurado para la evaluación de edificios, para una amplia gama de aplicaciones, y que tiene en cuenta las cuestiones y los problemas peculiares de Japón y Asia. 

PROYECTO BRASILIA.

El proyecto Brasilia está impulsado desde el Área de Innovación Tecnológica en la Edificación, de Transferencia de Tecnología La Salle, de Barcelona.

El objetivo final del Proyecto Brasilia es conseguir una marca que califique cualquier tipo de edificación según los pilares de sostenibilidad y tecnología.

Suspensión temporal de las primas de nuevas instalaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

La compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico, aconsejan la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas emprendidas hasta la fecha no han resultado suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

Margen de maniobra

Los objetivos de potencia para el año 2020, recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables, permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.

Este hecho, unido a que la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, hacen que esta medida no afecte a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020.

Apuesta firme por las energías renovables

El Gobierno mantiene su apuesta firme por las energías renovables como parte indispensable del “mix” energético de nuestro país. En 2011, un 93 por 100 de la potencia instalada fue de origen renovable y estas instalaciones cubrieron un 33 por 100 de la demanda eléctrica, lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin embargo, mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda por lo que, mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación eficiente de recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo.

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Energía

En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico, como en el del gas.

Instalaciones afectadas

La medida afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, así como a las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.

La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, la eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, al igual que a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.

La norma no tiene carácter retroactivo, es decir, no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación.

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.

  • Se suspenden temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen, también temporalmente, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. La medida no afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.
  • Se pretende poner freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca un incremento continuo del déficit de tarifa.
  • La medida no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea. Tampoco afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.

(Fuente: Consejo de Ministros).

 

Andalucía regula y clarifica la situación de las edificaciones en suelo no urbanizable

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.

El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).

Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.

El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de ‘asimiladas a fuera de ordenación’, que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.

Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
Fuente: Consejo de Gobierno.