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En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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Andalucía aprueba un plan de choque mediante obras educativas, medioambientales y de vivienda.

El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, que destinará 200 millones de euros a proyectos de iniciativa pública para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral. Las acciones previstas se dirigirán a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas. Su desarrollo generará más de 11.100 puestos de trabajo en el próximo año y medio.

El plan tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 y estará integrado por tres conjuntos de medidas: obras en centros docentes (100 millones de euros), mejora de infraestructuras en el medio rural (90 millones) y rehabilitación de viviendas (10 millones).

 

El primero de estos bloques supone una ampliación del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, Plan OLA, que la Junta desarrolla desde septiembre del pasado año en la red de centros educativos públicos y que aumentará en 100 millones de euros su dotación inicial de 200.

En coherencia con estos objetivos, las empresas adjudicatarias deben contratar a personas inscritas como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilita candidatos seleccionados entre residentes en los municipios donde se desarrollan los proyectos. Las contrataciones, por un tiempo al menos igual al de la duración de la obra, dan prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.

Los proyectos se dirigen prioritariamente a la construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas. Las obras de reforma prestan especial atención a la mejora de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación, la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas.

 

El segundo bloque del plan aprobado por el Consejo, con 90 millones de euros, se centrará en la generación de ‘empleo verde’ en el medio rural a través de proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias (40 millones); trabajos de prevención y regeneración (31,45 millones); inversiones en montes (12,95 millones) y mantenimiento, restauración y puesta en valor del patrimonio rural (5,6 millones).

Todas estas iniciativas supondrán la generación de más de 500.000 jornales e incluyen, entre otros trabajos, reforestaciones, regeneraciones de zonas incendiadas, labores preventivas contra el fuego, obras contra la erosión y acciones de conservación de la flora, la fauna, el paisaje y los acuíferos. Los proyectos programados contarán con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se llevarán a cabo fundamentalmente en montes públicos autonómicos y locales, infraestructuras agrarias de titularidad municipal, vías pecuarias deslindadas, entornos periurbanos y fincas sujetas a convenios de colaboración público-privada para conservación de especies y hábitats amenazados.

Los criterios de adjudicación y contratación del personal serán los mismos que los del Plan OLA.

 

El último de los bloques del Plan de Choque tiene como objetivo impulsar la rehabilitación de viviendas con una ampliación de 10 millones de euros para el programa dedicado a este fin en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Esta dotación, financiada íntegramente por la Junta, permitirá a más de 1.200 familias con recursos económicos limitados emprender obras de mejora en sus viviendas.

Para realizar estos proyectos, la Consejería de Fomento y Vivienda concederá ayudas destinadas a unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, es decir, 29.929 euros brutos y 18.637 netos. Los incentivos cubren hasta el 50% del coste de la obra, con un tope de 18.000 euros para el presupuesto total, y pueden llegar hasta el 70% en el caso de personas titulares de la Tarjeta  Andalucía Junta65.

Las obras de rehabilitación se iniciarán en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de los primeros abonos a los correspondientes ayuntamientos, que actúan como entidades colaboradoras. El periodo de ejecución no deberá superar los seis meses y todos los proyectos habrán de estar finalizados en diciembre de 2013.

 (Fuente: Consejo de Gobierno, 26/07/2012. Junta de Andalucía).

Blanco asegura la continuidad de las grandes obras de infraestructuras malagueñas.

Aunque éste no es un blog con vocación localista, más bien todo lo contrario, no puedo dejar de referir la buena noticia que desde el Ministerio de Fomento se hizo público en el día de ayer.

La montaña rusa en la que se ha convertido la política económica esta vez nos ha deparado una relación de obras indultadas de los ajustes presupuestarios propuestos, entre las que se encuentran las cuatro grandes obras de infraestructuras que se encuentran actualmente en ejecución en la provincia de Málaga, además de otras ocho en toda la Comunidad de Andalucía.

Parece ser que tanto la hiperronda, la ampliación del tercer carril de la Ronda Este, el acceso sur al Aeropuerto y el soterramiento de la travesía de San Pedro terminarán en 2011, con lo que tiene de positivo, no sólo la mejora de las infraestructuras, sino el empuje laboral que para las comarcas afectadas tiene la realización de los trabajos.  

Así y todo, el recorte en infraestructuras alcanzará la cifra de 5.700 millones de euros.

Tramo actual de trabajo del nuevo acceso al aeropuerto a la altura de Guadalmar.

El nuevo Decreto de Accesibilidad en Andalucía.

Este verano pasado se publicó el Decreto 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Este decreto deroga las normas técnicas para la accesibilidad aprobadas en el decreto 72/1992. Las nuevas normas son una continuación de las anteriores, aunque bastante más desarrolladas. Sin ánimo de diseccionar ambas normativas, si he querido hacer un pequeño cuadro comparativo que con los cambios que he encontrado más significativos, en lo que ha construcción y edificación se refiere. Se expone a continuación:

DECRETO 72/1992   DECRETO 293/2009
Infraestructuras, urbanismo y zonas exteriores
Itinerarios peatonales: ancho mínimo 1.20 m   Itinerarios peatonales: ancho mínimo 1.50 m
Altura máx. de los bordillos: 14 cm   Altura máx. de los bordillos: 12 cm
En vados, la pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores a 3 m. y del 8% en tramos iguales o superiores a 3 m.   En vados, la pendiente longitudinal máxima será del 8% en tramos inferiores a 3 m. y del 6% en tramos iguales o superiores a 3 m.
El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de dieciséis.   El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de diez.
Descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,20 m.   Descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,50 m.
Pampas: anchura libre mínima será de 1,20 metros.   Rampas: anchura libre mínima será de 1,50 metros.
Las rampas con recorridos con proyección horizontal inferior a 3 m tendrán una pendiente máxima del 12% y para recorridos superiores, del 8%.   Las rampas con recorridos con proyección horizontal inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima del 10%, del 8% si es inferior a 6 metros y del 6% para el resto de los casos.
Plazas de aparcamientos: se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cincuenta plazas o fracción.   Plazas de aparcamientos: se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción.
Los obstáculos y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,10 m.   Los obstáculos y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,20 m.
Edificaciones de viviendas
Huella no inferior a 27 cm.
Contrahuellas no superiores a 18,5 cm.
  Según CTE. DB-SU: Huella no inferior a 28 cm.
Contrahuellas no superiores a 18,5 cm.
Recorrido ascensores: cuando existan aparcamientos en plantas de sótanos, el ascensor llegará a todas ellas.   Recorrido ascensores: deberán llegar hasta las zonas de aparcamiento situadas en las plantas del sótano, así como a las azoteas si éstas son visitables.