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Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que destinará una dotación estimada de 529,2 millones de euros hasta 2020.

El plan ha sido definido en el seno de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, regulada por el Título II del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Según cita textualmente el Acuerdo: “Este Plan tiene como objetivo la generación de empleo y el desarrollo sólido de las empresas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios en Andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra Comunidad y reduciendo el impacto ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea”.

Las posibilidades de implementación son muy amplias. Solo en el ámbito residencial, Andalucía tiene un millón de edificios construidos antes de 1980, o lo que es lo mismo, anteriores a la NBE-CT-79, Norma Básica de la Edificación de Condiciones Térmicas, de obligado cumplimiento a partir de 1979, y que estuvo en vigor hasta el año 2006.

Anterior a esta se aplicó durante un breve espacio de tiempo el Real Decreto 1490/1975, adoptado principalmente como medida frente a los problemas derivados del encarecimiento del combustible tras la crisis del año 1973. Hasta esa fecha, solo las viviendas acogidas a algún tipo de protección oficial, debían tener en cuenta unas normas muy populares entre los técnicos, las Normas Técnicas de la Edificación, NTE, que se fueron publicando hasta 1975.

Por contra, solo unos 90 mil han sido construidos a partir del 2006, supuestamente dentro del CTE, o así lo cuenta el Plan. Yo dudo de esa cantidad, por la simple razón de que la vigencia del CTE eximía a los Proyectos Básicos de los Edificios que fueron visados con anterioridad a la entrada en vigor, por lo que durante los años siguiente 2007, 2008, y puede que hasta 2009, se siguieron haciendo obras fuera del alcance del CTE.

Aunque el porcentaje de obras relacionadas con la rehabilitación de edificios ha aumentado desde el 2011 (no así en números absolutos), el porcentaje en Andalucía es 6 puntos inferior al del cómputo nacional, lo que indica aún un margen de mejora.

Los objetivos, líneas de actuación y medidas contempladas en este Plan requieren que, para su desarrollo, se establezca un conjunto de instrumentos de planificación y programación sectoriales que los desarrollen de manera coherente.

Para su puesta en funcionamiento, todavía se deben establecer una justificación de cómo instrumentan sus contenidos, así como el marco de recursos financieros que se ponen a disposición de su desarrollo. Esto quiere decir que habrá que estar alerta de cómo se va desarrollando el Plan y de las posibilidades que se vayan presentando, tanto para las empresas, los particulares, como para los profesionales.

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Las viviendas asimiladas a fuera de ordenación podrán regularizarse

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del anteproyecto de ley que modificará tres artículos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.

De acuerdo con los cambios, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística, y que en el decreto actualmente vigente 2/2012, del 10 de enero, quedaban en una situación jurídica inexplicable denominada asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos o penales. Además, una vez regularizadas, sus propietarios verán limitadas las obras autorizables a las exigidas para el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble y, en lo que respecta a los servicios básicos, quedando prohibida cualquier tipo de ampliación.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio calcula que aproximadamente unos 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida.

Para el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico.

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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Andalucía aprueba un plan de choque mediante obras educativas, medioambientales y de vivienda.

El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, que destinará 200 millones de euros a proyectos de iniciativa pública para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral. Las acciones previstas se dirigirán a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas. Su desarrollo generará más de 11.100 puestos de trabajo en el próximo año y medio.

El plan tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 y estará integrado por tres conjuntos de medidas: obras en centros docentes (100 millones de euros), mejora de infraestructuras en el medio rural (90 millones) y rehabilitación de viviendas (10 millones).

 

El primero de estos bloques supone una ampliación del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, Plan OLA, que la Junta desarrolla desde septiembre del pasado año en la red de centros educativos públicos y que aumentará en 100 millones de euros su dotación inicial de 200.

En coherencia con estos objetivos, las empresas adjudicatarias deben contratar a personas inscritas como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilita candidatos seleccionados entre residentes en los municipios donde se desarrollan los proyectos. Las contrataciones, por un tiempo al menos igual al de la duración de la obra, dan prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.

Los proyectos se dirigen prioritariamente a la construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas. Las obras de reforma prestan especial atención a la mejora de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación, la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas.

 

El segundo bloque del plan aprobado por el Consejo, con 90 millones de euros, se centrará en la generación de ‘empleo verde’ en el medio rural a través de proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias (40 millones); trabajos de prevención y regeneración (31,45 millones); inversiones en montes (12,95 millones) y mantenimiento, restauración y puesta en valor del patrimonio rural (5,6 millones).

Todas estas iniciativas supondrán la generación de más de 500.000 jornales e incluyen, entre otros trabajos, reforestaciones, regeneraciones de zonas incendiadas, labores preventivas contra el fuego, obras contra la erosión y acciones de conservación de la flora, la fauna, el paisaje y los acuíferos. Los proyectos programados contarán con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se llevarán a cabo fundamentalmente en montes públicos autonómicos y locales, infraestructuras agrarias de titularidad municipal, vías pecuarias deslindadas, entornos periurbanos y fincas sujetas a convenios de colaboración público-privada para conservación de especies y hábitats amenazados.

Los criterios de adjudicación y contratación del personal serán los mismos que los del Plan OLA.

 

El último de los bloques del Plan de Choque tiene como objetivo impulsar la rehabilitación de viviendas con una ampliación de 10 millones de euros para el programa dedicado a este fin en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Esta dotación, financiada íntegramente por la Junta, permitirá a más de 1.200 familias con recursos económicos limitados emprender obras de mejora en sus viviendas.

Para realizar estos proyectos, la Consejería de Fomento y Vivienda concederá ayudas destinadas a unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, es decir, 29.929 euros brutos y 18.637 netos. Los incentivos cubren hasta el 50% del coste de la obra, con un tope de 18.000 euros para el presupuesto total, y pueden llegar hasta el 70% en el caso de personas titulares de la Tarjeta  Andalucía Junta65.

Las obras de rehabilitación se iniciarán en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de los primeros abonos a los correspondientes ayuntamientos, que actúan como entidades colaboradoras. El periodo de ejecución no deberá superar los seis meses y todos los proyectos habrán de estar finalizados en diciembre de 2013.

 (Fuente: Consejo de Gobierno, 26/07/2012. Junta de Andalucía).

El Centro de Málaga. Reflexiones sobre su desarrollo.

Málaga, primero de abril. Desde las páginas del diario Sur, Enrique Linde, presidente de la Autoridad Portuaria, avisa: “el Centro se saturará pronto”.

En estos días es cuándo se hace más visible el peligro que corre el Centro de Málaga.

Inicio de la primavera, Semana Santa, y cuatro cruceros descargando de golpe más de 8.000 bermudas andantes. No hay quien de un paso en el Centro de Málaga. Podemos pensar que es un hecho puntual. Sería un error. Más bien es una constante.

La peatonalización de Calle Larios supuso el pistoletazo de salida a una progresiva mercantilización del Centro Histórico donde, incluso, se ha dejado atrás el intento de crear en un centro comercial abierto, que reproduciría los mismos estereotipos con los que identificamos cualquier centro comercial del extrarradio, y así poder quitarles un público por entonces en aumento, para convertirse en un parque temático abierto. Una oferta sin competencia en la provincia. Un espacio ficticio, urbanoide, que simula una ciudad, pero donde se han eliminado los aspectos más desagradables.

Las consecuencias que está teniendo este proceso, de más sombras que luces, son varias:

Se ha iniciado un proceso de gentrificación. El Centro ha dejado de ser un barrio. Es un espacio sin vida repleto de figurantes de paso.Los ruidos, la falta de comercios básicos y el exceso de visitantes-usuarios, y se comportan como tales, hacen la vida imposible a los vecinos, que emigran en el momento que se les pone una oportunidad al alcance. Y al perder a su gente, pierde las señas de identidad, sus constantes vitales.

Se ha creado un escenario donde el ciudadano es espectador y decorado a la vez, pero no tiene posibilidades de participar. Un lugar donde el visitante pueda gastarse su dinero en cosas que no le sirven, pero el ciudadano no pueda comprar nada que necesite. No se ha intentando diversificar los usos comerciales. En el Centro no se compra, se consume.

Se ha focalizado en exceso la atención a un número limitado de calles, menospreciando y desperdiciando el resto de la ciudad, para limitar las acciones a un reducido espacio controlable que está siendo incapaz de absorber los resultados del efecto llamada que se ha volcado sobre él.

Pero no todo es negativo. Los esfuerzos que han hecho las distintas administraciones, siempre con vistas a mejorar la oferta turística de la capital, posibilita al ciudadano una serie de opciones que no disponía hasta la fecha. En una década, el Centro ha dejado de ser un barrio decadente para convertirse en el foco de atracción de la ciudad. Se ha impulsado la locomotora más importante de la ciudad. Pero es una maquinaria a punto de reventar.

Es el momento de tomar una serie de decisiones encaminadas a reconducir la situación para poder aprovechar la inercia creada:

La primera medida debería estar encaminada a poner freno a la emigración de los actuales vecinos, adoptando las medidas necesarias para facilitar su vida diaria.

Se hace necesario ampliar los límites del Centro, llevando los efectos económicos al resto de los barrios. Una primera fase en la que se debería integrar calles como Carretería, Victoria o el Ensanche de Heredia, para dar paso posteriormente al resto de los distritos. Mejoras urbanas, peatonalizaciones y la creación de espacios urbanos encaminados a dar una solución de continuidad a calle Larios.

Ayudas para fomentar la revitalización del sector comercial en esas zonas. Favorecer la instalación de nuevas empresas, regulando la diversificación de los usos comerciales, y creando nuevos puntos de atención.

La recuperación del patrimonio histórico. Potenciar la restauración de edificios con algún grado de protección, facilitando su adecuación a usos terciarios. El patrimonio de la ciudad no debe ser sólo un decorado. Debe permitir interactuar con el ciudadano y ser un trampolín para el empresario, poniendo el valor la diferenciación que supone la ubicación en el centro histórico de una ciudad.

Todo encaminado a reanimar sus constantes vitales antes de que fallezca. De éxito.

Suspensión temporal de las primas de nuevas instalaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

La compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico, aconsejan la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas emprendidas hasta la fecha no han resultado suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

Margen de maniobra

Los objetivos de potencia para el año 2020, recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables, permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.

Este hecho, unido a que la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, hacen que esta medida no afecte a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020.

Apuesta firme por las energías renovables

El Gobierno mantiene su apuesta firme por las energías renovables como parte indispensable del “mix” energético de nuestro país. En 2011, un 93 por 100 de la potencia instalada fue de origen renovable y estas instalaciones cubrieron un 33 por 100 de la demanda eléctrica, lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin embargo, mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda por lo que, mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación eficiente de recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo.

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Energía

En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico, como en el del gas.

Instalaciones afectadas

La medida afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, así como a las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.

La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, la eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, al igual que a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.

La norma no tiene carácter retroactivo, es decir, no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación.

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.

  • Se suspenden temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen, también temporalmente, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. La medida no afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.
  • Se pretende poner freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca un incremento continuo del déficit de tarifa.
  • La medida no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea. Tampoco afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.

(Fuente: Consejo de Ministros).

 

Andalucía regula y clarifica la situación de las edificaciones en suelo no urbanizable

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.

El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).

Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.

El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de ‘asimiladas a fuera de ordenación’, que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.

Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
Fuente: Consejo de Gobierno.