El amianto en la construcción.

El amianto (también denominado comúnmente asbesto) es un silicato hidratado de magnesio y de hierro, que se presenta de forma fibrosa, fácilmente disgregable. Es incombustible, inatacable por los ácidos y mala conductora del calor y la electricidad. Ha sido muy utilizado en construcción, principalmente a partir de los años cuarenta del siglo pasado, como fibrocemento, mezclado con cemento.

En la actualidad, se ha eliminado su uso al ser responsable de cáncer de pulmón y asbestosis. La asbestosis se define como una fibrosis intersticial difusa de los pulmones. Los afectados sufren cicatrices en el pulmón que le generan deficiencia respiratoria y, en casos graves, dilatación del corazón.

El amianto ocasiona enfermedad cuando es inhalado. La ingestión o el contacto con la piel no son vías de ingreso demostradas como causa de enfermedad. Las partículas de asbesto no se evaporan al aire ni se disuelven en agua y pueden permanecer suspendidas en el aire por largo tiempo y ser transportadas largas distancias por el viento y el agua antes de depositarse.

El Real Decreto 1406 de 1989, consideraba el amianto como sustancia peligrosa, limitando su uso, pero no fue hasta la Orden de 7 de diciembre de 2001, cuando se prohíbe su utilización, producción y comercialización y la de los productos que lo contengan.

A pesar de su prohibición, se da el caso, en obras de demolición y rehabilitaciones principalmente, de tener que manipular elementos de fibrocemento como tejados, bajantes o depósitos. Estos trabajos están regulados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Este real decreto establece una serie de trabajos con exposición a amianto (artículo 3):

  • Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan.
  • Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista amianto o materiales que lo contengan.
  • Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que lo contengan, de equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios.
  • Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en equipos, instalaciones, estructuras o edificios.
  • Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto.
  • Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto.
  • Vertederos autorizados para residuos de amianto.
  • Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente de trabajo.

Para la realización de estos trabajos, la empresa deberá inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales.

Antes del comienzo de alguno de estos trabajos, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo, que deberá presentarse para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades.

Sin embargo, el empresario no tendrá obligación de realizar un plan de trabajo, ni estar inscrito en el Registro de empresas con riesgo de amianto, siempre que se trate de exposiciones esporádicas de los trabajadores, que la intensidad de dichas exposiciones sea baja, que se trabaje con materiales no friables (desmenuzables), y que se demuestre que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.

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El nuevo Decreto de Accesibilidad en Andalucía.

Este verano pasado se publicó el Decreto 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Este decreto deroga las normas técnicas para la accesibilidad aprobadas en el decreto 72/1992. Las nuevas normas son una continuación de las anteriores, aunque bastante más desarrolladas. Sin ánimo de diseccionar ambas normativas, si he querido hacer un pequeño cuadro comparativo que con los cambios que he encontrado más significativos, en lo que ha construcción y edificación se refiere. Se expone a continuación:

DECRETO 72/1992   DECRETO 293/2009
Infraestructuras, urbanismo y zonas exteriores
Itinerarios peatonales: ancho mínimo 1.20 m   Itinerarios peatonales: ancho mínimo 1.50 m
Altura máx. de los bordillos: 14 cm   Altura máx. de los bordillos: 12 cm
En vados, la pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores a 3 m. y del 8% en tramos iguales o superiores a 3 m.   En vados, la pendiente longitudinal máxima será del 8% en tramos inferiores a 3 m. y del 6% en tramos iguales o superiores a 3 m.
El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de dieciséis.   El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de diez.
Descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,20 m.   Descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,50 m.
Pampas: anchura libre mínima será de 1,20 metros.   Rampas: anchura libre mínima será de 1,50 metros.
Las rampas con recorridos con proyección horizontal inferior a 3 m tendrán una pendiente máxima del 12% y para recorridos superiores, del 8%.   Las rampas con recorridos con proyección horizontal inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima del 10%, del 8% si es inferior a 6 metros y del 6% para el resto de los casos.
Plazas de aparcamientos: se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cincuenta plazas o fracción.   Plazas de aparcamientos: se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción.
Los obstáculos y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,10 m.   Los obstáculos y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,20 m.
Edificaciones de viviendas
Huella no inferior a 27 cm.
Contrahuellas no superiores a 18,5 cm.
  Según CTE. DB-SU: Huella no inferior a 28 cm.
Contrahuellas no superiores a 18,5 cm.
Recorrido ascensores: cuando existan aparcamientos en plantas de sótanos, el ascensor llegará a todas ellas.   Recorrido ascensores: deberán llegar hasta las zonas de aparcamiento situadas en las plantas del sótano, así como a las azoteas si éstas son visitables.

La Responsabilidad Social y el Medio Ambiente.

Las empresas son organizaciones que tienen una actividad a desarrollar, y para llevar adelante dicha actividad es necesaria una toma de decisiones continuada que tendrá una serie de impactos, en mayor o menor medida, no sólo económicos, sino sociales y medioambientales.

 La Norma Internacional ISO 26000 sobre Responsabilidad Social ha sido creada como una guía de orientación que pretende ayudar a empresas y organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.

Trata a fondo distintos temas, o materias fundamentales como las denomina, como son los derechos humanos, las prácticas laborales, las prácticas justas de operación o el consumo.

La Responsabilidad Social, como tal, debe ser tomada como una práctica para implementarla integralmente, aunque en este comentario, me gustaría limitarme al apartado en el que se desarrolla las prácticas de medioambiente.

Las actividades de una empresa tienen un evidente impacto medioambiental. Para disminuirlo, la ISO 26000 apuesta por la adopción de un sistema de gestión que incluya un estudio de las consecuencias de cada una de las actividades y decisiones, que de cómo resultado una serie de principios y medidas que a tener en cuenta tanto en la planificación estratégica, como en la gestión diaria de la actividad. Estos principios son los siguientes:

 Principios estratégicos:

  1. Prevención de la contaminación
  2. Uso sostenible de los recursos
  3. Mitigación del cambio climático y adaptación
  4. Protección y recuperación del medioambiente natural

 Criterios de gestión:

  • Responsabilidad ambiental: una empresa debe aceptar la responsabilidad del impacto medioambiental provocado por su actividad.
  • Prevención: La prevención debería ser una de las bases de enfoque frente a cualquier riesgo de impacto ambiental.
  • Gestión de riesgos ambientales: una empresa debería implementar programas utilizando una perspectiva de la sostenibilidad y basada en riesgos para evaluar y reducir los riesgos ambientales a raíz de actividades, productos y servicios, así como respuesta ante cualquier posible emergencia.
  • Valoración de los impactos producidos: Una organización debe ser consciente del coste de la contaminación provocada por sus actividades, productos y servicios, así como de los gastos de las medidas de reparación.
  • Una organización debería considerar los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios a lo largo de su ciclo vital.
  • Producción más limpia y eficiente, mediante la utilización de recursos de manera más eficaz y generando menos contaminación y residuos.
  • Gestión de compra sostenible, considerando el impacto ambiental dentro del uso de sus funciones.

Un repaso a las normativas autonómicas sobre residuos.

A raíz de la publicación el pasado 7 de agosto, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, puede ser interesante hacer un repaso, aunque sea somero, a algunas de las distintas normativas autonómicas en materia de residuos.

Para esta ocasión, vamos a utilizar las de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, y la Comunidad de Madrid.

 Andalucía.

 Cuenta con el Decreto 283/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad de Andalucía. Está basada en la Ley 7 DE 1994, de Protección Ambiental, de ámbito andaluz.

Supone un avance importante en cuanto a definición con respecto a la normativa anterior, como por ejemplo la Ley 42 de 1975, sobre recogida y tratamiento de los desechos y residuos urbanos.

Como punto más interesante, y a riesgo de equivocarme, creo que es la primera en detallar el concepto de valorización y exponer una relación de aquellas operaciones que pueden considerarse como tales en la práctica.

Hoy día, y con una visión retrospectiva, se puede ver como un antecedente de la Ley 10 de 1998, de Residuos, de carácter estatal y vigente actualmente.

Comunidad Valenciana.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Crea la Entidad de Residuos, que tiene por objeto el ejercicio de cuantas actividades le atribuya la Conselleria competente en medio ambiente en materia de gestión de residuos, y aquellas otras que sean presupuesto, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.

Como punto más novedoso, elabora una jerarquía de planes de residuos que deben ser aprobados por las administraciones públicas competentes, y que regirán la ejecución de las actividades, tanto públicas como privadas de gestión de residuos. Los planes de residuos son:

a) Plan Integral de Residuos.

b) Planes zonales de residuos.

c) Planes locales de residuos.

d) Proyectos de gestión.

De estos planes, sólo los proyectos de gestión podrán ser elaborados por entidades privadas, aunque todos serán aprobados por las administraciones competentes.

Galicia.

La Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia no supone ningún avance respecto a la vigente a nivel estatal, quedando reducida a una amplia exposición de intenciones, perdiendo la ocasión de ser mucho más precisa y tomar medidas más determinantes.

Cataluña.

La Generalitat de Cataluña, aprueba mediante Decreto Legislativo, la Ley 1/2009, de 21 de julio, la Ley Reguladora de los Residuos.

Esta ley es amplia y ambiciosa en cuanto a intenciones, principalmente en cuanto a acciones de formación y fomento, aunque peca de en cuanto a concreción de las acciones a desarrollar, las fechas para su realización o una cuantificación de los objetivos a lograr.

Como punto importante, en el art. 23, expone que son obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos, entre otras, aplicar tecnologías que permitan la reducción de la producción de residuos, aunque sin concretar el alcance del tratamiento, para posteriormente, en el art. 48, indicar que, en el trámite de evaluación del proyecto que acompaña la solicitud de licencia municipal para el ejercicio de actividades productoras de residuos, y en el marco de la legislación sobre impacto ambiental, se considerará especialmente que se utiliza la mejor tecnología disponible y al alcance para la reducción de la producción de residuos y para la reducción de su peligrosidad, y que se garantiza de manera suficiente la valorización de los residuos y la eliminación.

Estos artículos significan una profundización de la función del Estudio de Gestión de RCD del proyecto de ejecución, dándole una función más activa.

Comunidad de Madrid.

La normativa de la Comunidad de Madrid es la última en cuanto a entrada en vigor, y la única de las que hemos analizado que es expresamente de RCD. La Orden 2726/2009, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, pues, completa e integra el régimen jurídico aplicable a la producción y gestión de RCD en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa estatal básica recientemente aprobada.

Como novedad, regula la reutilización de sobrantes de tierras y materiales pétreos, bien en propia obra, bien en obras ajenas. Para lo cual, será necesario incluir en el proyecto de ejecución estas acciones o, lo que supongo será más corriente, la aportación de un certificado extendido por la Dirección facultativa de dicha obra. Esto nos llevará a, entre otras cosas, llevar un registro en el que, como mínimo, figuren los siguientes datos: las cantidades de tierras y materiales pétreos admitidos; la identificación completa e inequívoca de la obra de procedencia; el promotor de dicha obra, o titular de la licencia correspondiente; y el responsable de la entrega.

Para la reutilización de tierras en terrenos no urbanizables, será necesario y Proyecto de Impacto Medioambiental.

Por otro lado, también resulta interesante el art. 6, que regula el desarrollo de todas aquellas actividades que excedan el mero transporte de residuos, será preceptiva la previa autorización, que vendrá acompañada, además de por los documentos señalados en el citado artículo 45 de la Ley 5/2003, de la Comunidad de Madrid, por un proyecto de la instalación firmado por técnico competente (¿?), que deberá incluir la descripción de la actividad proyectada, con especificación de las cantidades y tipología de residuos a admitir, de las instalaciones, los procesos, los medios humanos y materiales para el desarrollo de la actividad y de los productos resultantes de dichos procesos; la definición de las superficies destinadas al control de la admisión de residuos; las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad; y las medidas de protección y de prevención en relación a las emisiones de la instalación al aire, el agua y el suelo.

Por último, indicar que se crea la Bolsa de Excedentes de Tierras, de utilización voluntaria y gratuita y gestionada por el órgano con competencias en medio ambiente de la Comunidad de Madrid.

El Constructor y la Gestión en obra de los RCD.

Una vez realizado el encargo de ejecutar un proyecto, la gestión de los RCD comprende el conjunto de actividades encaminadas a dar a estos residuos el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, para proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.

El II Plan Nacional de RCD propone una serie de medidas y criterios a aplicar por los constructores para la prevención en la generación de residuos en obra. En general,  no se alejan mucho del sentido común, y son las necesarias igualmente para una gestión adecuada de la obra. Muchas de estas medidas debe implantarlas el constructor en el sistema de gestión de la empresa, pero otras necesitan de la colaboración de proyectistas y dirección facultativa.

A continuación desarrollamos algunas medidas que consideramos interesantes:

  • La aplicación de sistemas adecuados de gestión ambiental y de gestión de la calidad por parte de las empresas constructoras. Así como la incorporación de herramientas de planificación de obras los aspectos de RCD, con registros de control que incluya tipos de residuos, cantidades origen, destino o costes.
  • Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes, minimizando las cantidades no utilizadas. Conocimientos de la ubicación de proveedores cercanos a la obra. Es mejor construir con materiales que se encuentran en las cercanías, para necesitar la menor transformación posible y el menor transporte.
  • Conocimientos del entorno, cuidados geográficos, zonas de interés y especies a proteger. Para cada proyecto, producimos unos impactos medioambientales específicos, dependiendo principalmente del entorno de la obra, más que del tipo de obra en particular.
  • Implantar el tratamiento independiente de los residuos y la correcta segregación para su gestión. Tener en cuenta el principio de jerarquía que expone el artículo 1.1 de la Ley 10/1998: reducir la producción de residuos, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables, valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar, depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor económico.
  • Conocimiento de la ubicación de vertederos y plantas de tratamiento y valorización. Los RCD exigen la disponibilidad de plantas de tratamiento no muy alejadas de la obra. Se pueden emplear plantas de transferencia para ahorrar costes de transporte, pero aun así, los RCD no soportan económicamente mucha manipulación ni traslados a grandes distancias, algo que, por otra parte, está contraindicado por el consumo de combustible y emisión de CO2.
  • Extensión de las buenas prácticas ambientales de obra a trabajadores, subcontratistas. Normas de limpieza de maquinaria o camiones, optimización de las cargas en los trasportes de materiales e incluso intervención en los métodos de embalaje.
  • Tratar de reducir al mínimo posible la utilización de materiales que produzcan residuos peligros. Si bien la mayor parte de los residuos que se generan en actividades de construcción y demolición no suelen revestir características de peligrosidad, sí existen algunas familias de materiales que pueden ser clasificados como residuos peligrosos (Real Decreto 952/1997):  aditivos de hormigón (inflamable); adhesivos, másticos y sellantes (inflamable, tóxico o irritante); emulsiones alquitranadas (tóxico, cancerígeno); materiales a base de amianto, en forma de fibra respirable (tóxico, cancerígeno); madera tratada con fungicidas, pesticidas, etc (tóxico, ecotóxico, inflamable); revestimientos ignífugos halogenados (ecotóxico, tóxico, cancerígeno); equipos con PCB (ecotóxico, cancerígeno); luminarias de mercurio (tóxico, ecotóxico); sistemas con CFCs; elementos a base de yeso (fuente posible de sulfhídrico en vertederos, tóxico, inflamable); envases que hayan contenido sustancias peligrosas (disolventes, pinturas, adhesivos, etc.).

A pesar de todo, es imposible pensar en construcción sostenible si no existe una planificación, un diseño y una dirección sostenible. Sólo podemos avanzar en la sostenibilidad con el diálogo de las partes implicadas en el proceso. Hemos colocado al constructor la etiqueta de productor de residuos, y cargamos toda la responsabilidad en la gestión de los residuos, pero no se puede construir sostenible si no se proyecta sostenible o la dirección de la obra no se involucra con decisiones que ayuden a reducir el impacto medioambiental de la obra.

El Estudio de Gestión de RCD.

Una de las principales novedades del RD 105/2008, por el que se regula la gestión y producción de los residuos de construcción y demolición (RCD), es que concede una función activa de los principales agentes implicados en una obra, determinando las obligaciones y responsabilidades que conciernen a promotores, proyectistas, constructores y dirección facultativa. Con esto, la gestión de los residuos pasa a ocupar un papel principal en el proceso constructivo.

Sin entrar a desglosar el Real Decreto al completo, en este comentario me quiero centrar en el Estudio de Gestión de Residuos.

 El Promotor, denominado “poseedor de residuos”, tiene la obligación de encargar la redacción de un Estudio de Gestión de Residuos en el Proyecto, ya sea Básico o de Ejecución, según lo exija la administración que conceda la licencia. Este Estudio servirá de referencia al Constructor, al que se le denomina “productor de residuos”, para la realización del respectivo Plan de Gestión, que deberá ser aprobado por la dirección facultativa.

 Es evidente, y esto es ya una opinión personal basada en la experiencia, que como pasa actualmente con la Seguridad y Salud en la obra, la ignorancia de la normativa por parte de la mayoría de los promotores y constructores, volcará la realización de estos trabajos en la dirección facultativa.

 Sin entrar a describir todos los apartados que debe contener el mismo, quiero destacar tres de ellos:

 1)      Se solicita una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y eliminación que se generarán en la obra.

Partiendo de que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, un cálculo supone una comparación respecto a proyectos anteriores, y da la posibilidad a los proyectistas del seguimiento, mediante los indicadores respectivos, de la progresión en la generación de residuos respecto a proyectos anteriores (con una curva del tipo volumen re residuos/superficie construida).

Otra misión importante del cálculo, y a la que deberá llegarse con urgencia, deberá ser la restricción de los residuos generados por parte de las administraciones públicas. Controlar el proyecto mediante un ratio volumen de residuos/ocupación del inmueble (por ejemplo), para la expedición de la pertinente licencia de obra, y posteriormente, mediante el certificado de gestión, el volumen real para la licencia de ocupación, exigiría realmente un esfuerzo de los implicados, tanto en proyecto como en obra.

 2)      Descripción de las medidas para la minimización de los residuos en la obra.

Es el punto más interesante, y el que hace sugiere la inclusión del autor del Estudio en el equipo proyectista. Considerando como fin último del proceso de control medioambiental la reducción de los residuos generados en la obra, la elección de los materiales empleados y las soluciones constructivas proyectadas debería pasar por el tamiz de la optimización de los recursos.

 3)      Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos generados en la obra. La utilización en la propia obra supondría la reducción del volumen de residuos transportados al punto de eliminación.

 En definitiva, el Estudio de Gestión de RCD se realiza con una doble finalidad, reducir las materias primas consumidas y minimizar los residuos producidos.

Exposición de intenciones.

Construcción Sostenible. A primera vista, parece que son dos palabras que no casen muy bien juntas. Según la RAE, el adjetivo sostenible, aplicado a un proceso es “que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. La construcción pues, entendida como proceso de transformación, difícilmente puede entenderse sin merma de recursos.

De todas formas, no es mi intención centrarme únicamente en la construcción como tal. La función principalmente divulgativa de este punto de encuentro, me ha llevado a falsear el genérico de un proceso mucho más amplio, que comienza con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (Artículo 47 de la Constitución Española) y se cierra con el disfrute y el mantenimiento responsable de dicha vivienda.

Después de una década de desarrollo inmobiliario intensivo, si hay algo que hemos aprendido es que, la consecución de un desarrollo sostenible, que cubra las necesidades del presente, y preserve la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas, debe partir de una visión global del proceso edificatorio. Un esfuerzo conjunto de políticos, urbanistas, promotores, arquitectos, diseñadores, directores de ejecución, jefes de obra, constructores, proveedores y usuarios, así como cualquier otro profesional que directa o indirectamente participe en el proceso constructivo. 

Tomando esto como punto de partida, desde aquí, intentaremos ir aportando pequeños granos de arena a modo de comentarios, investigaciones o ejemplos propios, donde podamos desarrollar las distintas líneas de trabajo que nos ayuden a cerrar el círculo del desarrollo sostenible.

Comentarios sobre sostenibilidad y eficiencia