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Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que destinará una dotación estimada de 529,2 millones de euros hasta 2020.

El plan ha sido definido en el seno de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, regulada por el Título II del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Según cita textualmente el Acuerdo: “Este Plan tiene como objetivo la generación de empleo y el desarrollo sólido de las empresas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios en Andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra Comunidad y reduciendo el impacto ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea”.

Las posibilidades de implementación son muy amplias. Solo en el ámbito residencial, Andalucía tiene un millón de edificios construidos antes de 1980, o lo que es lo mismo, anteriores a la NBE-CT-79, Norma Básica de la Edificación de Condiciones Térmicas, de obligado cumplimiento a partir de 1979, y que estuvo en vigor hasta el año 2006.

Anterior a esta se aplicó durante un breve espacio de tiempo el Real Decreto 1490/1975, adoptado principalmente como medida frente a los problemas derivados del encarecimiento del combustible tras la crisis del año 1973. Hasta esa fecha, solo las viviendas acogidas a algún tipo de protección oficial, debían tener en cuenta unas normas muy populares entre los técnicos, las Normas Técnicas de la Edificación, NTE, que se fueron publicando hasta 1975.

Por contra, solo unos 90 mil han sido construidos a partir del 2006, supuestamente dentro del CTE, o así lo cuenta el Plan. Yo dudo de esa cantidad, por la simple razón de que la vigencia del CTE eximía a los Proyectos Básicos de los Edificios que fueron visados con anterioridad a la entrada en vigor, por lo que durante los años siguiente 2007, 2008, y puede que hasta 2009, se siguieron haciendo obras fuera del alcance del CTE.

Aunque el porcentaje de obras relacionadas con la rehabilitación de edificios ha aumentado desde el 2011 (no así en números absolutos), el porcentaje en Andalucía es 6 puntos inferior al del cómputo nacional, lo que indica aún un margen de mejora.

Los objetivos, líneas de actuación y medidas contempladas en este Plan requieren que, para su desarrollo, se establezca un conjunto de instrumentos de planificación y programación sectoriales que los desarrollen de manera coherente.

Para su puesta en funcionamiento, todavía se deben establecer una justificación de cómo instrumentan sus contenidos, así como el marco de recursos financieros que se ponen a disposición de su desarrollo. Esto quiere decir que habrá que estar alerta de cómo se va desarrollando el Plan y de las posibilidades que se vayan presentando, tanto para las empresas, los particulares, como para los profesionales.

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En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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Andalucía aprueba un plan de choque mediante obras educativas, medioambientales y de vivienda.

El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, que destinará 200 millones de euros a proyectos de iniciativa pública para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral. Las acciones previstas se dirigirán a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas. Su desarrollo generará más de 11.100 puestos de trabajo en el próximo año y medio.

El plan tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 y estará integrado por tres conjuntos de medidas: obras en centros docentes (100 millones de euros), mejora de infraestructuras en el medio rural (90 millones) y rehabilitación de viviendas (10 millones).

 

El primero de estos bloques supone una ampliación del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, Plan OLA, que la Junta desarrolla desde septiembre del pasado año en la red de centros educativos públicos y que aumentará en 100 millones de euros su dotación inicial de 200.

En coherencia con estos objetivos, las empresas adjudicatarias deben contratar a personas inscritas como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilita candidatos seleccionados entre residentes en los municipios donde se desarrollan los proyectos. Las contrataciones, por un tiempo al menos igual al de la duración de la obra, dan prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.

Los proyectos se dirigen prioritariamente a la construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas. Las obras de reforma prestan especial atención a la mejora de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación, la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas.

 

El segundo bloque del plan aprobado por el Consejo, con 90 millones de euros, se centrará en la generación de ‘empleo verde’ en el medio rural a través de proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias (40 millones); trabajos de prevención y regeneración (31,45 millones); inversiones en montes (12,95 millones) y mantenimiento, restauración y puesta en valor del patrimonio rural (5,6 millones).

Todas estas iniciativas supondrán la generación de más de 500.000 jornales e incluyen, entre otros trabajos, reforestaciones, regeneraciones de zonas incendiadas, labores preventivas contra el fuego, obras contra la erosión y acciones de conservación de la flora, la fauna, el paisaje y los acuíferos. Los proyectos programados contarán con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se llevarán a cabo fundamentalmente en montes públicos autonómicos y locales, infraestructuras agrarias de titularidad municipal, vías pecuarias deslindadas, entornos periurbanos y fincas sujetas a convenios de colaboración público-privada para conservación de especies y hábitats amenazados.

Los criterios de adjudicación y contratación del personal serán los mismos que los del Plan OLA.

 

El último de los bloques del Plan de Choque tiene como objetivo impulsar la rehabilitación de viviendas con una ampliación de 10 millones de euros para el programa dedicado a este fin en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Esta dotación, financiada íntegramente por la Junta, permitirá a más de 1.200 familias con recursos económicos limitados emprender obras de mejora en sus viviendas.

Para realizar estos proyectos, la Consejería de Fomento y Vivienda concederá ayudas destinadas a unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, es decir, 29.929 euros brutos y 18.637 netos. Los incentivos cubren hasta el 50% del coste de la obra, con un tope de 18.000 euros para el presupuesto total, y pueden llegar hasta el 70% en el caso de personas titulares de la Tarjeta  Andalucía Junta65.

Las obras de rehabilitación se iniciarán en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de los primeros abonos a los correspondientes ayuntamientos, que actúan como entidades colaboradoras. El periodo de ejecución no deberá superar los seis meses y todos los proyectos habrán de estar finalizados en diciembre de 2013.

 (Fuente: Consejo de Gobierno, 26/07/2012. Junta de Andalucía).

El Centro de Málaga. Reflexiones sobre su desarrollo.

Málaga, primero de abril. Desde las páginas del diario Sur, Enrique Linde, presidente de la Autoridad Portuaria, avisa: “el Centro se saturará pronto”.

En estos días es cuándo se hace más visible el peligro que corre el Centro de Málaga.

Inicio de la primavera, Semana Santa, y cuatro cruceros descargando de golpe más de 8.000 bermudas andantes. No hay quien de un paso en el Centro de Málaga. Podemos pensar que es un hecho puntual. Sería un error. Más bien es una constante.

La peatonalización de Calle Larios supuso el pistoletazo de salida a una progresiva mercantilización del Centro Histórico donde, incluso, se ha dejado atrás el intento de crear en un centro comercial abierto, que reproduciría los mismos estereotipos con los que identificamos cualquier centro comercial del extrarradio, y así poder quitarles un público por entonces en aumento, para convertirse en un parque temático abierto. Una oferta sin competencia en la provincia. Un espacio ficticio, urbanoide, que simula una ciudad, pero donde se han eliminado los aspectos más desagradables.

Las consecuencias que está teniendo este proceso, de más sombras que luces, son varias:

Se ha iniciado un proceso de gentrificación. El Centro ha dejado de ser un barrio. Es un espacio sin vida repleto de figurantes de paso.Los ruidos, la falta de comercios básicos y el exceso de visitantes-usuarios, y se comportan como tales, hacen la vida imposible a los vecinos, que emigran en el momento que se les pone una oportunidad al alcance. Y al perder a su gente, pierde las señas de identidad, sus constantes vitales.

Se ha creado un escenario donde el ciudadano es espectador y decorado a la vez, pero no tiene posibilidades de participar. Un lugar donde el visitante pueda gastarse su dinero en cosas que no le sirven, pero el ciudadano no pueda comprar nada que necesite. No se ha intentando diversificar los usos comerciales. En el Centro no se compra, se consume.

Se ha focalizado en exceso la atención a un número limitado de calles, menospreciando y desperdiciando el resto de la ciudad, para limitar las acciones a un reducido espacio controlable que está siendo incapaz de absorber los resultados del efecto llamada que se ha volcado sobre él.

Pero no todo es negativo. Los esfuerzos que han hecho las distintas administraciones, siempre con vistas a mejorar la oferta turística de la capital, posibilita al ciudadano una serie de opciones que no disponía hasta la fecha. En una década, el Centro ha dejado de ser un barrio decadente para convertirse en el foco de atracción de la ciudad. Se ha impulsado la locomotora más importante de la ciudad. Pero es una maquinaria a punto de reventar.

Es el momento de tomar una serie de decisiones encaminadas a reconducir la situación para poder aprovechar la inercia creada:

La primera medida debería estar encaminada a poner freno a la emigración de los actuales vecinos, adoptando las medidas necesarias para facilitar su vida diaria.

Se hace necesario ampliar los límites del Centro, llevando los efectos económicos al resto de los barrios. Una primera fase en la que se debería integrar calles como Carretería, Victoria o el Ensanche de Heredia, para dar paso posteriormente al resto de los distritos. Mejoras urbanas, peatonalizaciones y la creación de espacios urbanos encaminados a dar una solución de continuidad a calle Larios.

Ayudas para fomentar la revitalización del sector comercial en esas zonas. Favorecer la instalación de nuevas empresas, regulando la diversificación de los usos comerciales, y creando nuevos puntos de atención.

La recuperación del patrimonio histórico. Potenciar la restauración de edificios con algún grado de protección, facilitando su adecuación a usos terciarios. El patrimonio de la ciudad no debe ser sólo un decorado. Debe permitir interactuar con el ciudadano y ser un trampolín para el empresario, poniendo el valor la diferenciación que supone la ubicación en el centro histórico de una ciudad.

Todo encaminado a reanimar sus constantes vitales antes de que fallezca. De éxito.