En marcha el anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Para los promotores de nuevas urbanizaciones y polígonos, el texto contempla que deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona.

Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.

Igualmente, otra de las medidas será que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

El texto establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte, no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores).

La Dirección General de Movilidad es el órgano de planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias conferidas por la legislación vigente.

Enlace al texto del anteproyecto

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía)

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