La adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley para la adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al texto refundido de la Ley de Suelo estatal. La futura norma supondrá una agilización de las actuaciones urbanísticas y un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.

Esta adecuación reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad, ya garantizados por la LOUA, en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento. Se exigirá así a los ayuntamientos incluir en la documentación de sus planes generales de ordenación urbana, de obligada exposición pública, el resumen ejecutivo. Este informe, consistente en una síntesis de los objetivos del planeamiento, pretende hacer más comprensible las directrices sobre el crecimiento urbanístico previsto.

La administración autonómica podrá, además, habilitar un órgano colegiado que actuará como ventanilla única ante los ayuntamientos para la solicitud de los informes sectoriales de carácter vinculante que han de emitir las diferentes consejerías de la Junta en la tramitación del planeamiento urbanístico. Hasta ahora, la petición de esos informes se cursaba por separado en cada una de las consejerías y organismos competentes. La medida, que se concretará reglamentariamente, permitirá agilizar la tramitación y acortar los plazos de respuesta de laAdministraciónautonómica a los municipios.

De igual modo, se amplía el derecho de consulta de los particulares, de modo que cualquier persona pueda preguntar a la administración local o autonómica sobre las características y condiciones urbanísticas de cualquier suelo. Las administraciones deberán  dar una respuesta en el plazo de tres meses.

Otra medida de agilización se refiere a la cesión de suelos para equipamientos y dotaciones que deben realizar los promotores en favor de los ayuntamientos. El anteproyecto permite, excepcionalmente, sustituir esa entrega por una cuantía económica equivalente a su valor, cuando el terreno no tenga unas dimensiones mínimas exigibles. En estos supuestos, el municipio deberá crear un depósito específico que se destinará exclusivamente a obtener suelo para nuevas dotaciones compensatorias.

Las directrices de la Ley estatal no alteran lo ya dispuesto por la LOUA en materia de vivienda protegida, ya que se mantiene la obligación de realizar una reserva del 30% de suelo residencial para VPO en cada planeamiento urbano.

En cuanto a la actividad urbanizadora, el nuevo texto elimina la preferencia que hasta ahora ostentaba el propietario del suelo en la adjudicación de las obras. De este modo, cualquier interesado podrá intervenir como agente urbanizador en la transformación del suelo, sea o no propietario, fomentándose así la libre concurrencia en lo que se considera como una actividad económica de interés general.

El anteproyecto también establece que las administraciones deberán incluir en la documentación del PGOU un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de los costes tanto de ejecución como de mantenimiento de servicios y equipamientos para las haciendas públicas.

(Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía).

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