Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Con este nuevo Fondo, el Gobierno da por acabado el primer Fondo Estatal de Desarrollo Local. Éste ha supuesto la inversión de 8.000 millones de euros, repartidos en unos 8.000 ayuntamientos, según criterios de población, que ha tenido como resultado la ejecución de unas 31.000 actuaciones, y el mantenimiento, temporal, de unos 420.000 puestos de trabajos (según el Gobierno). Estas inversiones han sido dedicadas principalmente a obras de infraestructuras municipales y mantenimiento varios, con más o menos fortuna. No quiero juzgar el éxito de estas medidas, ni sí hubiese sido más efectiva otra serie de medidas; lo que sí está claro es que todos hemos podido ver en nuestros municipios la ejecución de unas obras que, en estos momentos en los que los ayuntamientos han vistos reducidos los ingresos vía urbanismo, posiblemente hubiesen tardado más en ejecutarlas.

Me interesa ahora entrar a desarrollar el nuevo fondo en lo que puede suponer como impulso a  la generación de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, las energías renovables o la eficiencia energética.

El nuevo Fondo, de 5.000 millones de euros, financiará prioritariamente proyectos de desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental y de apoyo a la innovación económica y social, aunque realmente sólo serán efectivos 3.000 millones, ya que las corporaciones locales podrán destinar hasta un 20% a la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios sociales de competencia municipal, y otro 20% al equipamiento de los edificios o instalaciones financiados con cargo al Fondo, adquisición de equipos y sistemas de información y telecomunicaciones.

Una vez en vigor el Real Decreto-Ley, las corporaciones locales tendrán tres meses para presentar los proyectos, que deberán ser de nueva planificación. De este modo, las obras podrán comenzar a ejecutarse a partir del 1 de enero de 2010.

Los proyectos se englobarán en las siguientes líneas:

  • Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etc.
  • Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible; refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.
  • Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos; gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente educación y atención a personas en situación de dependencia.

El Gobierno prevé que se puedan crear unos 200.000 nuevos empleos, y se ejecuten unos 15.000 proyectos. Además, estima que los proyectos que se presenten serán menos intensivos en mano de obra que los presentados en el fondo actual, pero más cualificados.

Hasta aquí bien. Todo lo anterior podría ser tomado como un mero ejercicio de exposición de intenciones, un impulso previo a la tan esperada Ley de Desarrollo Sostenible, sino fuese porque la intención final de la creación de empleo cualificado. Algo realmente loable sino fuese por varios inconvenientes: primero, la mayor parte de la población desempleada es no cualificada; segundo, estas actuaciones no han venido precedidas por una política de formación previa, formación que podría haber sido financiada e incentivada mediante el primer Fondo de Inversión; por último, unas actuaciones destinadas a proyectos de desarrollo tecnológico y medioambiental como las expuestas anteriormente no pueden gestionarse y desarrollarse de la misma manera que las destinadas a arreglos de calle, de edificios o mantenimientos varios, con lo que los procedimientos de emergencia pueden dar lugar a actuaciones improductivas por no haber realizado lo preceptivos estudios de viabilidad  previos.

Propuestas.

Por lo pronto, tendrían que separarse las medidas de desarrollo social de las económico-ambientales. Las primeras serían gestionadas por los ayuntamientos, pero las segundas deberían que ser gestionadas conjuntamente por los ministerios de Industria, Medio Ambiente y Administraciones Públicas, que sería el encargado de intermediar con las distintas comunidades autónomas. Este Fondo además debería contar con una primera fase de formación al desempleado, incentivada con becas-subsidios de formación (esta medida debería unirse con los cerca de 1.000 millones destinados a los parados de larga duración); una segunda, que correría paralela en el tiempo a la primera, de concurso de proyectos, donde entrarían en juego las propuestas de las empresas privadas, y que provocaría un efecto llamada a la entrada de inversores en el sector; por último, quedaría la ejecución de las actuaciones, gestionadas ahora sí por las corporaciones locales, dirigidas por las empresas ganadoras de los concursos y ejecutadas por los trabajadores salidos de los cursos de formación.

Puede parecer irreal pensar que todo esto podría encajar, pero desde luego es mejor que darle 5.000 millones a los ayuntamientos para que los adjudiquen a dedo.

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